Normas Sectoriales relevantes para la Gerencia Municipal de Urbanismo
Las normas sectoriales representan el conjunto de leyes, reglamentos y directrices técnicas por parte del Gobierno de España, Gobierno de Canarias o Cabildo de Tenerife, ante las cuales, la Gerencia Municipal de Urbanísimo de Santa Cruz de Tenerife debe cumplir y aplicar para la planificación de la ciudad o la concesión de licencias entre otras materias.
Las más relevantes son:
Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias
La Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, establece el marco jurídico para la ordenación territorial, urbanística y ambiental de Canarias. Su objetivo es integrar la protección de los recursos naturales con el desarrollo sostenible del territorio, simplificando y modernizando los instrumentos de planificación. La norma distribuye competencias entre la Comunidad Autónoma, cabildos y ayuntamientos, otorgando mayor protagonismo a las administraciones locales en la gestión urbanística. Además, regula el régimen del suelo, la disciplina urbanística y la protección de los espacios naturales protegidos y de la Red Natura 2000. Todo ello se orienta a compatibilizar el desarrollo económico y social con la conservación del patrimonio natural y paisajístico de Canarias.
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Decreto 183/2018, de 26 de diciembre, Reglamento de Gestión y Ejecución del Planeamiento de Canarias
El Decreto 183/2018, de 26 de diciembre, aprueba el Reglamento de Gestión y Ejecución del Planeamiento de Canarias, desarrollando los Títulos V y VI de la Ley 4/2017 del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias. Su finalidad es regular cómo se materializan las determinaciones del planeamiento urbanístico mediante actuaciones de urbanización, regeneración urbana y ejecución de infraestructuras. La norma establece los distintos sistemas de ejecución (públicos y privados), los procedimientos de gestión urbanística, la obtención de suelo para dotaciones y sistemas generales, y la gestión del patrimonio público del suelo. Asimismo, regula los instrumentos de ejecución material del planeamiento y las actuaciones edificatorias, bajo los principios de simplificación, transparencia, eficacia y seguridad jurídica.